El diario digital Hispanidad.com se hizo eco el pasado martes de la queja dirigida al poder judicial por un afectado en el conflicto de Endesa sobre tarifa y beneficios sociales. Según el documento, al que puedes acceder de forma íntegra en esta misma entrada, una de las juezas de la Audiencia Nacional ha colaborado de forma estrecha y habitual con el bufete de abogados Sagardoy, contratado por la dirección de Endesa para la defensa de sus intereses en el citado conflicto. La queja achaca a la jueza un presunto delito de prevaricación y cohecho.

Corresponde a los órganos competentes pronunciarse al efecto. En consecuencia, esperamos a que la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial se pronuncie al respecto, pero el hecho comprobable de la falta de fundamentación razonable de la sentencia obviando dar valoración y respuesta a  los argumentos de defensa expuestos por la parte social referentes a la validez de acuerdos con vigencia indefinida, sumado a la participación de la jueza en un foro de debate como ponente –y remunerada- organizado por el despacho Sagardoy tan solo dos días después de la celebración de la vista en la Audiencia Nacional, y comprobado que la jueza no ha solicitado compatibilidad alguna al órgano correspondiente, es como poco poner en peligro la apariencia de imparcialidad. Y justicia con sombra de dudas no es justicia.

Recordamos que la sentencia de la Audiencia Nacional desestimó la demanda de Conflicto Colectivo con el voto particular (en contra de las tesis de la sentencia desestimatoria) de la propia presidenta de la sala. Una abstención, o la inhibición por parte de la jueza ahora puesta en entredicho, podría haber inclinado la balanza de la justicia en favor de la plantilla.