Esperamos que hayas disfrutado de las vacaciones. Como sabes, se espera un último cuatrimestre del año muy difícil por la crisis energética. En Endesa, de forma adicional, la plantilla se enfrenta a una gran incertidumbre por no estar claras las reglas de facturación de la tarifa de empleado y la ausencia de facturas desde principios de año, precisamente por ese motivo. Este hecho, insólito en Endesa, nos puede ocasionar un grave perjuicio económico, ya que no conocemos ni el importe de las facturas ni la fecha en que se iniciará de nuevo la facturación de prácticamente todo un año. Además, muchos empleados no han podido acceder a los consumos realizados en este tiempo. Desde CCOO entendemos que en ningún caso deben aplicarse penalizaciones por perfiles de consumo. En esta entrada accedes al documento presentado el pasado viernes.

Para despejar la inseguridad que esa circunstancia conlleva, y evitar también el agravio comparativo entre personas trabajadoras al tener precios muy dispares en función de la fecha en la que se agote la bolsa de kilovatios bonificados, desde CCOO proponemos que todo este consumo pendiente de facturar o refacturar lo haga la empresa a precio bonificado. De esta forma, garantizaría que no habrá afección adicional alguna al poder adquisitivo de la plantilla. Esta propuesta debe ir acompañada de una renegociación del artículo del V Convenio sobre tarifa eléctrica. CCOO organizará charlas por Teams a la plantilla para dar más detalles de la situación y objetivo de nuestra propuesta.

Origen del problema

No nos encontraríamos con este problema de no haberse aceptado la reducción drástica de la tarifa de empleado que provocó la firma del V Convenio Marco. Dentro del sector eléctrico solo ocurrió en Endesa. Hasta 2020, toda la plantilla disfrutaba de una tarifa bonificada que cubría su consumo. El V Convenio Marco, firmado en enero de 2020, cercenó drásticamente esa bonificación introduciendo, además, penalizaciones por consumo. La tarifa de empleado es salario en especie. En la práctica, esto significó, en la antesala de una crisis mundial sin precedentes por la irrupción del coronavirus, una importante pérdida de poder adquisitivo para una amplia parte de la plantilla.

En noviembre de 2021, la Agencia Tributaria (Aeat) y la patronal del sector eléctrico acordaron modificar el impacto fiscal de la tarifa de empleado. Una reclamación a este acuerdo en marzo de 2022, con mediación de los sindicatos, se resolvió en el mes de julio de 2022 con, entre otras, la inaplicación del APV anterior a partir del 23 de marzo de 2022. Esto, en la práctica, significó mantener el criterio anterior desde el 1 de junio de 2021 hasta el 23 de marzo de 2022. Además, la resolución de junio de 2022 de la Aeat establece un nuevo criterio de valoración de la energía a un precio fijo que, para el tramo del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2022, es de 8 céntimos. A esto se suman los cargos y peajes, que son variables por períodos. La valoración del término de potencia, permanece igual, a precio de mercado para los excesos de 5,75 KW.