“Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, así se define, según resolución de la Asamblea General de la ONU de 1993, el concepto de violencia contra la mujer. Puede ser ejercida por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio); ser violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital y matrimonio infantil.

En España los datos son durísimos de asumir: 51 asesinatos por violencia de género en 2019, 166.961 denuncias por violencia de género en 2018 y un aumento exponencial de éstas por casos de abusos, agresiones sexuales y violaciones, un 18,1 % por ciento más que en 2017. Las violaciones crecieron un 22 %.

Combatir el negacionismo

Desde Comisiones Obreras hemos venido alertando del negacionismo de la violencia de género en las comunidades autónomas gobernadas por las derechas. Ser mujer y votar a la ultraderecha te convierte en cómplice de actuaciones calculadas, estratégicas y manipuladoras que impiden que las mujeres disfruten de los mismos derechos que los hombres y fomentan la regresión a la idea de la violencia contra las mujeres.

Para mejorar la protección y la tutela jurídica e institucional de las víctimas de la violencia de género, hemos solicitado al ejecutivo la aplicación del Convenio de Estambul de 2011 sobre prevención, asistencia integral a las víctimas y lucha contra la violencia machista. También, que ratifique los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se recoge la necesidad de proteger del acoso, los abusos sexuales y los atentados contra la dignidad a las trabajadoras. De igual modo, que traslade al Parlamento un proyecto de ley con definiciones claras y sanciones efectivas para quienes atenten contra la dignidad física y psíquica de las mujeres. De todas las trabajadoras, las más expuestas son las que cuentan con peores condiciones laborales.

Las mentiras de la ultraderecha

También hemos pedido a los empresarios que redoblen los esfuerzos para fomentar el empleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de las mujeres víctimas de Violencia de Género. Hemos manifestado nuestra indignación ante la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condena por abuso sexual a los cinco hombres acusados de agredir sexualmente a una niña de 14 años en Manresa, resaltamos la necesidad de eliminar del código penal la figura del abuso sexual, considerando violación toda agresión sexual sin consentimiento.

En España, la ultraderecha defiende la derogación de la Ley de Violencia de Género con hipótesis falsas que niegan la realidad: el número de mujeres maltratadas y asesinadas a manos de su pareja es muy superior al de los hombres. Tan solo en el segundo trimestre de 2018, entre juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales, 9.442 hombres han sido condenados en procedimientos de violencia de género frente a 102 mujeres condenadas.

La ultraderecha también miente cuando afirma que se ocultan los verdaderos datos sobre denuncias falsas de violencia machista. La afirmación no se sustenta en ningún dato oficial, las estadísticas dejan un porcentaje de 0,078% (96) de condenas por denuncia falsa frente a las 1.222.172 denuncias interpuestas desde 2009. Finalmente, la ultraderecha ha roto la unanimidad en la lucha contra violencia de género en algunos ayuntamientos.