Enel sentenció de muerte a ambas centrales en diciembre de 2016. Si no se pone remedio, será el hundimiento de ambas comarcas de las provincias de Teruel y León. Urge que el Gobierno de España garantice el suministro de carbón autóctono como reserva estratégica.
Las buenas intenciones de los políticos están lejos de ser suficientes. Recientemente tanto el presidente de Aragón, Javier Lambán, como el ministro de Energía español, Álvaro Nadal, han pronunciado palabras esperanzadoras. Lambán para proteger las comarcas aragonesas de los cierres anunciados en 2020, Nadal por la necesidad de contar con el carbón en el llamado mix energético (esto es, la participación de las distintas fuentes de energía en la producción de la demanda eléctrica) por la capacidad de este combustible de modular los precios de la energía. Por tanto, el gobierno de España, ha afirmado el ministro, “hará lo que esté en su mano para asegurar el futuro del carbón”. El tiempo ha demostrado que los apoyos políticos a la minería hasta hoy han sido solamente promesas electorales.
Enel cierra sin plan B
La decisión de cierre de las centrales de Andorra, en Teruel, y Compostilla, en León, la realizó Enel en diciembre de 2016. En la actualización del Plan Estratégico 2017-2019 la dirección italiana determinó que no realizaría inversiones en carbón español “por las condiciones del mercado”. En la práctica, Enel sentenciaba de muerte a ambas centrales españolas.
Mientras que Enel mantiene en Italia un programa, el Futur-e, que atiende estos mismos casos en el país transalpino, en España se ha decretado el cierre sin plan B. Como en tantos otros ejemplos, cuando se trata de atender los asuntos en Italia, Enel utiliza una vara de medir distinta que a cuando enfrenta esos mismos temas en España, de dónde tanto beneficio económico ha sacado. Comisiones Obreras insiste a l@s trabajador@s españoles de Endesa que es necesario enfrentar el cinismo y falta de soluciones de la dirección italiana. Luchando unidos podremos revertir esta situación.
En Teruel, el complejo minero-eléctrico representa el 40 % del PIB de la provincia. En la comarca del Bierzo, el porcentaje sobre el PIB supera el 20 %. En ambos casos, destruir la industria es hundir las comarcas. Urge, por ello, en primer lugar que el gobierno de España declare y garantice el suministro de carbón autóctono como reserva estratégica. De no ser así, será muy difícil que Enel invierta los 230 millones de euros necesarios para que estas centrales sigan en funcionamiento más allá de 2021. Además, es imprescindible la puesta en marcha de alternativas con proyectos definidos e infraestructuras que hagan más competitivas las instalaciones.
Aún puede darse solución a estas comarcas. Comisiones Obreras quiere transmitir un mensaje de esperanza. Estamos aún a tiempo de salvarla. A continuación exponemos públicamente las soluciones. Abordándolas punto por punto podemos llegar a los necesarios entendimientos que propicien el bien común salvaguardando el interés general.
Estas son las cinco medidas que Comisiones Obreras ha presentado a las autoridades:
1. Que el gobierno de España diseñe un Plan Energético Nacional que consigne el 7.5 % del mix energético al carbón autóctono, de forma que se evite la total dependencia de terceros países para el suministro energético y se garantice la quema de este carbón con el objetivo de dar estabilidad al sector y garantizar el empleo actual y el desarrollo de las comarcas mineras. En este sentido, CCOO ha solicitado al gobierno español la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, en el que participen los agentes sociales y económicos y la colaboración de las Comunidades Autónomas.
2. Instar al Gobierno de España a que defienda ante la UE la continuidad del sector minero como el eje estratégico y vertebral que es para numerosos territorios económica y socialmente. Para ello, debe revisarse la Decisión del Consejo Europeo 2010/787/UE sobre la devolución de ayudas y recuperación de concepto de reserva estratégica.
3. Instar al Gobierno de España y a Endesa a que lleguen a un acuerdo para realizar las inversiones necesarias en las centrales térmicas de Andorra y Compostilla, imprescindibles para asegurar su funcionamiento y el futuro de ambas provincias. CCOO ha reclamado a los gobiernos de Aragón y Castilla y León su participación, ayuda económica y apoyo técnico para el cumplimiento de esta medida.
4. Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, elabore un plan de reindustrialización que aborde la reconversión económica en las cuencas mineras turolenses y leonesas, que evite la exclusiva dependencia industrial del carbón. En su diseño debe contarse con los gobiernos de Aragón y Castilla y León, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y empresas mineras.
5. Que los gobiernos autónomos de Aragón y Castilla y León acometan las inversiones necesarias para adaptarse a la normativa medioambiental europea en materia de emisiones para así seguir creando empleo y favorecer la vertebración de sus respectivas comarcas, haciendo lo necesario para que las inversiones necesarias, públicas o privadas, se decidan y realicen en tiempo y forma.