Como hemos informado en notas anteriores, hace unas semanas se ha iniciado el proceso de adecuación de las instalaciones eléctricas según las indicaciones técnicas especificadas en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. Esto obedece a la necesidad de adecuar nuestra normativa a la legislación europea antes de 2020.

Si desde la sección sindical de Comisiones Obreras no tenemos nada que objetar a la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa eléctrica, sin embargo, sí hemos detectado ya actuaciones que colocan en situación de vulnerabilidad de forma gratuita a algunos colectivos, así como a las condiciones de muchos de los contratos vinculados a las tarifas de empleado y que han supuesto la desconexión de algunos de ellos sin las garantías debidas.

Por ello, apelando a los criterios de Responsabilidad Social de Endesa, reclamamos la creación de un protocolo de actuación que atienda a las diferentes circunstancias de los diferentes grupos de interés existentes, entre ellos, trabajador@s, personal jubilado y personas en situación de vulnerabilidad social.

Mesa tripartita

Para Comisiones Obreras, dicho protocolo debe concretarse a través de la creación de una mesa tripartita formada por las secciones sindicales, Relaciones Laborales y líneas de negocio implicadas.

De inicio -y como manera de evitar la desconexión de suministros sin previo aviso que ya está pasando-, CCOO propone las siguientes medidas, ninguna con coste económico: 1) fijación de la potencia máxima admisible en los contratos vinculados a tarifa empleado; 2) creación de un teléfono de atención al empleado a través del cual atender las emergencias derivadas de los cortes sin previo aviso; 3) constitución de una mesa tripartita que trate los casos complejos derivados de la adecuación de las potencias a los requerimientos de la nueva normativa; 4) protección de los colectivos más vulnerables (viudas y otros colectivos) y asesoramiento a través de convenios con  instaladores.

La asunción de estas medidas dentro de los plazos establecidos tiene por finalidad minimizar las consecuencias derivadas de la obligatoriedad de la adecuación técnica y permitir encontrar soluciones a las situaciones más complicadas.